Acusan a una empresa ligada a La Cámpora por la falta de seguridad aérea y contrataciones irregulares
Por Hugo Macchiavelli
A partir del accidente aéreo en donde murió el empresario Juan Chediack, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal contra los responsables de la Empresa Estatal Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE) por la “falta de controles e incidentes evitables”. El escrito piden investigar la gestión EANA y también de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, y de la Fuerza Aérea Argentina por “negligencia, la malversación de fondos, el incumplimiento de los deberes de los funcionarios” de los organismos que “ejercen la gestión de todo el espacio aéreo argentino”. En el caso de la EANA su misión es “brindar los servicios de navegación aérea de manera segura, eficaz y sustentable, satisfaciendo las necesidades de nuestros públicos estratégicos y cuidando los intereses del Estado”.
Chediack era uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos y murió luego de sufrir quemaduras en todo su cuerpo al igual que el piloto
Esteban Asprella y el copiloto que también falleció. La avioneta que colisionó “no debía volar bajo esas condiciones meteorológicas porque ese tipo de aeronave no debe realizar maniobras de despegue ni aterrizaje con más de treinta nudos de viento”, dice Juan Otegui uno de los denunciantes del abogados de la Fundación Apolo que investiga a la EANA SE. Apolo es la institución que denunció “la fiesta de Olivos” durante la pandemia. Sus especialistas aseguran que no es el primer accidente aéreo que se produce bajo la administración de este organismo aeronáutico creado en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la ley 27.161. EANA “posee una estructura operativa nacional” y con su creación se le “transfirió el control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y su coordinación y supervisión”. Bajo la órbita del Ministerio de Transporte, EANA surge para “completar el traspaso de los Servicios de Navegación Aérea al ámbito civil”. La empresa es una Sociedad del Estado con una participación minoritaria del Ministerio de Defensa tal como se describe en su página oficial: “Somos los prestadores del servicio público esencial de navegación aérea, PSNA, en la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales. Tenemos encomendada la planificación, dirección, coordinación y administración del tránsito aéreo, de los servicios de telecomunicaciones e información aeronáutica; así como de las instalaciones, infraestructuras y redes de comunicaciones del sistema de navegación aérea”. https://www.eana.com.ar.
EANA tiene 2.230 empleados y solo durante el 2020 sumó más de 250 contratos de personal. Vinculada a La Cámpora, esta empresa pública administra un presupuesto anual de 15 mil millones de pesos y sus oficinas administrativas funcionan en el edificio sede de Aerolíneas Argentinas de la calle Bouchard 547, CABA. La empresa está a cargo de la abogada Gabriela Logatto, una funcionaria cercana a Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas, que fue denunciada ante la justicia por la falta de control en el ingreso del avión venezolano-iraní operado por la empresa Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos CONVIASA.
Los procedimientos elaborados y aplicados por EANA cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, que fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad operacional de todos los participantes del sector aeronáutico. Sin embargo, desde la creación de la EANA, la seguridad de los vuelos ha empeorado. Un informe de mayo de este año de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, al que accedió La Nación, señala que nuestro país descendió en los estándares de servicios de navegación aérea en los últimos dos años por debajo del promedio mundial. En el documento se observa a la Argentina en el cuarenta por ciento del total en seguridad aérea, mientras que la escala promedio global es del setenta. “Esto
puede generar una baja en la calificación de la seguridad aérea del país; podemos pasar de la categoría 1 a la 2 como le ocurrió a México”, asegura el periodista experto en aviación, Federico Teijeiro, quien investiga la actuación de la EANA.
En 2020 murieron tres de los cuatro tripulantes de un avión sanitario que se estrelló al costado de la pista antes de aterrizar en Esquel. En el Learjet 35, matrícula LV-BXU, que había partido desde San Fernando para buscar a una menor que debía ser trasladada de urgencia a Buenos Aires, murieron el copiloto, un médico y el enfermero. “Se comprobó que ese aeródromo no debía estar habilitado al momento del accidente por la falta de normas y controles, según surge del expediente administrativo”, asegura el abogado Juan Otegui y el periodista Federico Teijeiro, quienes investigaron la tragedia. Otro episodio confuso ocurrió el 6 de abril del año pasado con la desaparición del avión en el que viajaban tres brasileños. El vuelo partió de El Calafate rumbo a Trelew y cayó en el mar. La aeronave de Brasil, matrícula PP-ZRT, despegó a la mañana y recién a media tarde se activó el protocolo de búsqueda y rescate, SAR. “El controlador aéreo perdió de vista al avión y recién en el cambio de turno se dieron cuenta. Cuando activaron el SAR, el sistema -o software- falló. La búsqueda se inició tarde y no supieron por dónde empezar”, dice Teijeiro. Una de las víctimas fue Antonio Castro Ramos, dueño de una importante empresa constructora en Florianópolis, Brasil. También murieron un médico y un abogado, todos oriundos de Brasil. Cinco días después de la desaparición, EANA publicó un comunicado con la suspensión de la búsqueda de la aeronave:
En la presentación judicial contra la EANA, se denuncian “falta de inspecciones y contrataciones dudosas”. Hasta octubre del 2019, la verificación y seguridad de las rutas estaba a cargo únicamente de la Fuerza Aérea Argentina, que utilizaba dos aviones Learjet 35, matrículas T-25 y T-26, equipados con sistemas acordes a los estándares de la seguridad aeronáutica internacional. No obstante, “EANA SE contrató de manera directa y sin licitación pública a Aerotec Argentina SA, una empresa privada de Mendoza, que no está homologada para este tipo de tarea por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. “El contrato celebrado en abril del 2020 fue por un millón cuatrocientos mil dólares por 424 horas de servicio. Es decir a 3.300 dólares la hora, mientras que el valor del mercado ronda los 2.200”, aporta Teijeiro. La empresa Aerotec SA, que fue denunciada en 2020 ante la justicia mendocina por incumplimiento laboral, incluyó en su oferta técnica un avión Learjet 35, pero prestó el servicio con un avión Technam 200; una aeronave menor con un sistema inadecuado para esta actividad propulsado por un turbohélice que vuela a menor altura y velocidad, lo que encarece los costos”, dice Juan Otegui mientras exhibe las pruebas.
Lo mismo ocurre con las verificaciones de procedimientos basados en satélites con simuladores y aviones comerciales que se realizan con pasajeros a bordo mientras hacen su recorrido. “Eso está prohibido”, asegura una fuente militar que aportó datos para la denuncia contra EANA. Para remediarlo, la Fuerza Aérea adquirió un avión LearJet 60. La compra, en 2019, se hizo a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el avión se matriculó como Tango 11. Sin embargo, la aeronave se reformó con “equipamiento VIP tipo chárter para vuelos privados y se volvió a matricular como ARG 03 para incorporarlo a la flota presidencial que utiliza Cristina Fernández para sus viajes a El Calafate”, confirman Otegui y Teijeiro. Los registros indican que ese avión sale de Aeroparque los jueves o viernes rumbo a Calafate y vuelve al sur el domingo a media tarde a un costo de 20 mil dólares promedio por viaje. “Durante este gobierno, la vicepresidenta hizo más de cien viajes”.
La denuncia contra EANA SE incluye “la falta de controles adecuados de los radares aéreos y las fallas en las comunicaciones por las interferencias en las radiocomunicaciones, los llamados batidos de
señales y los conos de silencio en todo el territorio nacional”, como se prueba en los audios adjuntos presentados ante la justicia. El aeropuerto de Ezeiza, el más importante y con mayor tránsito del país, sufre fallas en las comunicaciones, de acuerdo con la reciente auditoría realizada por la OACI. En la presentación ante los tribunales de Comodoro Py, se solicita que “se investigue a las autoridades de la empresa por las irregularidades en las contrataciones, la negligencia en los controles de las rutas aéreas y la inseguridad en los vuelos”, ante los informes de cielos inseguros y la sospecha de la administración de esta sociedad del Estado como una caja negra del kirchnerismo.